El Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Defensoría Penal Pública firmaron un convenio de intercambio de información y colaboración que permitirá optimizar procesos administrativos, mejorar la caracterización de usuarios y fortalecer la coordinación entre ambas instituciones. El acuerdo busca facilitar el acceso a antecedentes relevantes para una prestación más eficiente de los servicios públicos.
La firma del convenio se realizó el pasado 25 de mayo en dependencias del Servicio de Impuestos Internos y fue encabezada por el Director del SII, Jorge Trujillo, y la Defensora Nacional Penal Pública, Verónica Encina. La actividad contó además con la participación de representantes de ambas instituciones, entre ellos Christian Soto, Subdirector (S) de Asistencia al Contribuyente; Bárbara Olivares, Subdirectora (S) Jurídica del SII; Lucio Martínez, asesor jurídico; Rosario Sepúlveda, jefa de Gabinete del Director; Pablo Aranda, jefe del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, y Marianella Gutiérrez, jefa de Gabinete de la entidad.
Este convenio constituye un avance relevante en materia de gestión pública, ya que permitirá poner a disposición información disponible en las bases de datos institucionales para apoyar la labor que desarrolla la Defensoría Penal Pública en beneficio de sus usuarios.
Intercambio de información permitirá mejorar la segmentación de usuarios
Uno de los principales alcances del acuerdo es que el SII proporcionará información de caracterización económica de los contribuyentes a la Defensoría Penal Pública. Estos antecedentes permitirán fortalecer los procesos de segmentación y clasificación de las personas que acceden a los servicios de defensa pública.
La disponibilidad de esta información contribuirá a agilizar significativamente los procedimientos administrativos asociados a la atención de usuarios. En particular, facilitará la identificación de aquellas personas que pueden acceder a la prestación de defensa penal pública y permitirá determinar con mayor rapidez si corresponde o no el pago de aranceles.
El convenio de intercambio de información también busca reducir tiempos de análisis y disminuir procesos manuales que actualmente requieren la recopilación de antecedentes desde distintas fuentes. Esto permitirá que los equipos de la Defensoría cuenten con información más precisa y oportuna para respaldar sus decisiones administrativas.
Asimismo, el acuerdo establece estrictos resguardos respecto al uso de la información compartida. Los antecedentes recibidos solo podrán utilizarse para los fines expresamente definidos por ambas instituciones y estarán disponibles únicamente para funcionarios debidamente autorizados, evitando cualquier acceso indebido por parte de terceros.
Colaboración técnica y coordinación entre organismos públicos
Además del intercambio de información, ambas instituciones acordaron desarrollar instancias de apoyo técnico y colaboración permanente. Esto incluye actividades de capacitación, intercambio de conocimientos, transferencia de experiencias y coordinación en procesos o acciones de fiscalización que puedan resultar de interés común.
Este tipo de acuerdos se ha convertido en una herramienta cada vez más relevante para fortalecer la colaboración entre organismos públicos, especialmente en áreas donde la disponibilidad de información permite optimizar recursos y mejorar la calidad de los servicios entregados a la ciudadanía.
El convenio suscrito con la Defensoría Penal Pública se incorpora a una amplia red de colaboración institucional que mantiene vigente el Servicio de Impuestos Internos. Actualmente, el organismo cuenta con acuerdos de intercambio de información con 99 instituciones públicas, entre ellas el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Nacional Económica y la Defensoría del Contribuyente.
La existencia de estos convenios permite evitar la duplicidad de esfuerzos, mejorar la coordinación entre organismos y fortalecer los estándares de transparencia y eficiencia del Estado. Al mismo tiempo, facilitan una utilización más estratégica de la información disponible, contribuyendo a una gestión pública más efectiva y orientada a las necesidades de las personas.
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